La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denuncia que se quiera encubrir en la figura de “acuerdo de mutuo disenso” el despido de más de un centenar de trabajadores y trabajadoras del grupo mediático “El Comercio”, considerado el más poderoso del país.

Repudiamos que se haya impuesto la firma de una cláusula de confidencialidad, que resulta inválida cuando se vulneran derechos laborales. Esta praxis, que intenta amordazar a quienes hoy se han quedado sin empleo, debe ser denunciada y perseguida.

Rechazamos el maltrato contra trabajadores y trabajadoras de diferentes secciones del diario más antigüo del grupo, algunos con más de diez años de permanencia en dicha casa editora.

Este hecho llega a una semana del cierre definitivo del diario Publimetro y el cese de la circulación impresa del diario deportivo El Bocón, ambos de propiedad del mismo grupo mediático.

Los despidos encubiertos han sido el desenlace de un cúmulo de medidas que empezaron con la aplicación de una reducción salarial temporal del 30% a su personal, el que iba a ser aplicado por los meses de mayo, junio y julio a consigna de pago para el mes de enero o primer trimestre del 2021.

La ANP demanda una inmediata actuación del Ministerio de Trabajo y Protección del Empleo ya que el grupo El Comercio -según información proporcionada por los trabajadores y trabajadoras- se había acogido al programa Reactiva Perú, el mismo que debería condicionar la aplicación de medidas que perjudiquen a los trabajadores y trabajadoras. El conglomerado tendría proyectado terminar la relación laboral con hasta 200 trabajadores y trabajadoras.

Carta Abierta de la Sociedad Civil cubana al Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas

Comunicación

La Habana, 8 de junio de 2020

Un grupo de 574 ciudadanos, activistas, actores dentro de organizaciones y proyectos diferentes en la sociedad civil independiente y en la cultura, líderes de opinión, voceros de movimientos de derechos humanos y sindicales, y representantes de expresiones políticas heterogéneas de la comunidad pro democrática cubana, de dentro y fuera de Cuba, hemos firmado esta Carta Abierta, Naciones Unidas para los derechos, no para los autócratas, enviada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos humanos ―la segunda que dirigimos a ella― y a Tijjani Mohammad Bande, Presidente de la Asamblea General, ambos de las de las Naciones Unidas.  

Con esta Carta Abierta, pretendemos adelantar en principio tres objetivos: primero, llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General sobre la creciente captura de organizaciones de derechos humanos por regímenes autocráticos, cuyas prácticas son contrarias a la promoción y al respeto de estos;  segundo: trabajar sostenidamente con el apoyo de actores democráticos y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos en el mundo para fortalecer nuestra voz en organismos internaciones que tienen como misión la promoción y protección de los mismos y, tercero, iniciar una campaña de sensibilización: CDH, Cuba NO para propiciar una conversación abierta y franca que busque reformular los criterios de admisión de determinados países al Consejo de Derechos Humanos (CDH). Los derechos son para la gente, no para los gobiernos.

Por tercera vez Cuba opta por un asiento en el CDH. La votación se realizará en el venidero mes de octubre. Y ese no es un asiento que merezca el gobierno cubano.   

No solo las autoridades cubanas violan sin sonrojo la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye sus tratados y aquellos pactos que se niegan a ratificar, sino que violan con muy poca discreción la única Carta vinculante, la Constitución, diseñada por ellas, que les obliga a respetar y a proteger los limitados derechos y garantías que se les reconoce a los ciudadanos y a las ciudadanas. Un año y dos meses después de aprobada, esta Constitución es letra muerta para quienes, según ella misma, son los titulares de la soberanía.

Former Turkish judge Yavuz Aydin told in an interview last May that most of Turkey’s purged judges and prosecutors were dismissed because they stood their ground, that Turkey’s democratic decline may be irreversible, and that the Turkish government, not the pandemic, will be to blame for any covid-19 deaths among prison inmates in the days ahead.

The Turkish judge purged by President Erdogan now living in exile, addressed the 12th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy (video) and declared, among other facts, about the Turkish coup events and subsequent purge:

LA INTERGREMIAL DE LA SALUD DEL ESTADO ZULIA DENUNCIA ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES EL ACOSO POR DENUNCIAR LA SITUACIÓN HOSPITALARIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19

A medida que se ha extendido la pandemia del COVID 19 en Venezuela y específicamente en el Estado Zulia, se ha desarrollado una ofensiva gubernamental a nivel nacional y regional a fin de silenciar a los gremios que difunden la realidad que sucede en la geografía nacional y regional.

En esa dirección se persigue a periodistas de radio, prensa y televisión, a empresarios de los medios que publiquen informaciones y a integrantes de los gremios profesionales de la salud agrupados en esta Intergremial (Enfermería, Bioanalistas, Médicos, Odontólogos,  Nutricionistas, Veterinarios), quienes han denunciado la grave situación que afecta actualmente y que impactará a la población en general ante la carencia de materiales médicos básicos, para atender los contagiados que abordan diariamente las instalaciones sanitarias de la región zuliana.

En el caso concreto del Estado Zulia, la persecución del gobierno regional ha arreciado contra el Colegio de Enfermería en particular con la presidenta del gremio la Lic. Hania Salazar, quien, por convocar al personal de enfermería a registrar la situación apremiante de los diferentes centros sanitarios, ha sido amenazada con ser encausada por cometer delitos penales.

Esta amenaza ha comenzado a concretarse con la convocatoria por parte de la Jefa de Enfermería del Ejecutivo Regional al personal de salud, a testimoniar ante la Fiscalía denunciando a la presidenta del gremio, siendo claro que el propósito es levantar un expediente fraudulento y así privarla de libertad.