La Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación Social (FELATRACCS) condena las detenciones, deportaciones, amenazas, agresiones y todo tipo de censura impuesta a la prensa local y extranjera en Venezuela. Ello implanta una cultura del secretismo que lesiona gravemente derechos fundamentales del pueblo venezolano.

En las últimas 72 horas FELATRACCS tiene registro de más de 11 detenciones de periodistas, entre reporteros locales, corresponsales extranjeros y enviados especiales, a quienes se les ha impedido por la fuerza cumplir con su labor informativa.

La FELATRACCS recuerda que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. Por ello cuando por vías directas o indirectas se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita el efectivo desarrollo del proceso democrático.

FELATRACCS -más allá de la puesta en libertad de los corresponsales extranjeros de TVN-Chile, la agencia española EFE y la cadena francesa TMC- demanda que sean liberados de manera inmediata todos los periodistas y colaboradores detenidos este mes de enero. Los venezolanos y el mundo necesitan más que nunca información plural. Y esto solo es posible si hay acceso a la información y libertad para su búsqueda sin ningún tipo de valla legal o administrativa.

Miami, enero de 2019--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades venezolanas a cesar el bloqueo de medios noticiosos y asegurar el acceso a la Internet en medio de la crisis política nacional y protestas generalizadas.

El 23 de enero, las autoridades venezolanas allanaron, como mínimo, tres redacciones de medios del sur de Venezuela, sacaron del aire a un canal de televisión, detuvieron a dos periodistas, confiscaron equipo periodístico, y obligaron a periodistas a borrar material grabado, según periodistas y organizaciones venezolanas defensoras de la libertad de prensa. Las autoridades también interrumpieron el servicio de Internet, según NetBlocks, organización defensora de la libertad y la gobernanza en la Internet.

La ola represiva ocurrió en un contexto de protestas generalizadas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y una crisis política que se agravó cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se declaró presidente interino del país en desafío al Gobierno de Maduro.

"La sociedad venezolana tiene el derecho de compartir y buscar las noticias, lo cual es especialmente vital en momentos de inestabilidad social", declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. "Las autoridades venezolanas deben dejar de bloquear la libre circulación de información y cesar toda represalia contra los medios noticiosos".

Durante las protestas, efectivos de la Guardia Nacional del sureño estado del Zulia golpearon al fotógrafo Alberto Briceño, lo detuvieron brevemente y le quitaron las credenciales de periodista y la cámara, según organizaciones locales defensoras de la libertad de prensa. Efectivos militares atacaron al periodista Jackson Sans, quien cubría la muerte de un manifestante en el estado de Amazonas, y le quitaron el teléfono, según las mismas organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Las informaciones de prensa no brindaron más detalles sobre el ataque. La Guardia Nacional detuvo brevemente al periodista Marcos Morín Aguirre en Caracas y le confiscó la tarjeta de memoria de su cámara, según un periodista del medio noticioso LaFM. Y el periodista José Ignacio Moreno, de Unión Radio, dijo en un mensaje de Twitter que había resultado herido con un objeto contundente mientras cubría una protesta en Maracay.

The Pakistan Penal Code, the main judicial law of Pakistan, prohibits blasphemy (Urdu: قانون توہین رسالت‎) against Islam, providing penalties ranging from a fine to death. Since 1990, nearly 70 people have been executed, lynched or murdered as a result of blasphemy allegations and many more are awaiting sentence."

‘The blasphemy law destroys the lives of those who have been accused, even if they avoid being executed’.–Father James Channon

Lahore, Jan.23.– There are nearly 200 cases of Christians in Pakistan charged with blasphemy – the controversial law made famous by Asia Bibi, according to a January 23, 2019, report by Aid to the Church in Need (ACN).

Father James Channon, director of the Peace Center in Lahore, which promotes inter-faith relations, said research by the Catholic Church had revealed 187 live cases of Christians charged with blasphemy which in Pakistan can carry sentences of life imprisonment or death.

Nueva York, diciembre de 2018--La policía nicaragüense ingresó anoche a la sede en Managua de 100% Noticias, un canal noticioso privado que se transmite por cable e Internet, ordenó que la estación saliera del aire y detuvo al director del canal Miguel Mora y a la jefa de prensa Lucía Pineda Ubau, según informaciones de prensa. Según los informes, en una audiencia ante un tribunal esta mañana, las autoridades acusaron a Mora de delitos como "fomentar e incitar al odio y la violencia" y le negaron acceso a un abogado.

"El asalto a 100% Noticias es una escalada inaceptable de la ola de represión del gobierno nicaragüense contra los medios independientes del país", declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. "Las autoridades nicaragüenses deben liberar inmediatamente a los periodistas detenidos, permitir que el canal reanude la transmisión y acabar con esta campaña desesperada para silenciar voces importantes".

La policía también se llevó equipos de transmisión del canal, dijo Verónica Chávez, periodista de 100% Noticias y la esposa de Mora, en una conferencia de prensa hoy.

El allanamiento de 100% Noticias es el segundo operativo policial contra una organización noticiosa independiente en poco más de una semana. El 13 de diciembre, la policía irrumpió en la sede en Managua del medio digital Confidencial y los programas de TV relacionados, "Esta Noche" y "Esta Semana", y se llevó equipos y documentos.

Enviado por: FELATRACS//Perú

Fuente: Committee to Protect Journalists